Acoso callejero

Columna de opinión por José J. Lamas Rivera

En la misma semana en que el gobierno de turno anunció que, en lugar de implementar un “Currículo con Perspectiva de Género” en el sistema de instrucción pública del País, estarán implantando un intencionalmente aguado “Currículo de Equidad y Respeto a los Seres Humanos”, ha estallado en Puerto Rico la discusión sobre el acoso callejero y cómo el gobierno debe atenderlo. Esto, tras el Senado aprobar una medida legislativa que busca tipificar esta conducta como un delito menos grave para prevenir que este tipo de violencia continúe reproduciéndose y normalizándose. Como reloj de campana que suena el batintín escandaloso cada vez que sus manecillas alcanzan las doce, empezó en la discusión pública la narrativa machista que pretende minimizar la medida a través de la tergiversación, la mofa y la desinformación.

El acoso callejero es una forma de violencia y acoso sexual que consiste en hacer comentarios no deseados, gestos, silbidos o gritas palabras soeces, principalmente de naturaleza sexual, hacia una mujer con la intención de llamar su atención, cual objeto, y hacerla interactuar con él. Se trata de un tipo de violencia de género que afecta a niñas, adolecentes y mujeres en Puerto Rico, principalmente mientras se encuentran en espacios públicos.

Según se discute en la exposición de motivos del proyecto de ley que ha generado esta discusión, el acoso callejero que se pretende castigar y eliminar incluye conducta como “comentarios sexuales, fotografías y grabaciones (incluyendo la práctica del ‘upskirting’ que implica tomar fotos en público, por debajo de la falda, sobre todo en el transporte público) hechas sin consentimiento, contacto físico indebido, persecución o arrinconamiento, masturbación en público, exhibicionismo o gestos obscenos. O sea, no estamos hablando de una “ley del piropo” como la han querido catalogar quienes se oponen a la medida, en su mayoría hombres.

La conducta arriba descrita lejos de ser simples “piropos” de algún romántico clandestino, verdaderamente son agresionesantisociales de personas que necesitan modificar sus comportamientos. 

Precisamente esa es la razón por la que esta ley es necesaria. En lugar de tener las mujeres que modificar sus costumbres para ajustarse al socialmente tolerable acoso callejero, somos los hombres quienes tenemos que modificar nuestro comportamiento social para reconocerles su dignidad y su libertad.

El proyecto de ley que ahora se encamina hacia la Cámara de Representantes, si bien criminaliza este tipo de violencia al tipificarla como delito, tiene un enfoque más terapéutico que punitivo. Se trata de un delito menos grave que no conlleva pena de reclusión de cárcel. Quienes lo infrinjan recibirán una multa de $50 dólares y tendrán que tomar un taller de sensibilización contra el acoso callejero que elaborará la Oficina de la Procuraduría de las Mujeres. Ello, pues lo que verdaderamente se quiere es proteger la integridad de las mujeres en espacios públicos. Distinto a la inmensa mayoría de los delitos tipificados en el Código Penal este proyecto de ley no busca encarcelar seres humanos sino proveerles herramientas para ser mejores personas.

Para convertirse en ley la medida todavía falta que se apruebe en la Cámara de Representantes y que la firme el gobernador. Quienes han planteado los problemas constitucionales que pudiera tener el lenguaje aprobado en el Senado, ya que sin duda este tipo de legislación tiene que interactuar con el derecho a libertad de expresión, todavía tienen espacio para hacer aportaciones productivas al debate en el proceso legislativo para que la versión que finalmente se apruebe logre crear una sociedad más segura.      

José J. Lamas Rivera
Abogado civilista litigante. Presidente de la Delegación de Río Piedras del Colegio de Abogados y Abogadas y ex-presidente de la Comisión de Derecho Civil en dicha institución.

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