El Tribunal Supremo es conservador pero pronto podría ser liberal

Columna del lunes por licenciado José J. Lamas Rivera

En el día de ayer el gobernador, Pedro Pierluisi, anunció el nombramiento del Juez del Tribunal de Apelaciones, Roberto Rodríguez Casillas, para ocupar la vacante de Juez Asociado que existe en el Tribunal Supremo desde diciembre de 2020 cuando se retiró la ex Jueza Anabelle Rodríguez Rodríguez tras haber cumplido sus 70 años de edad. La noticia no tardó en generar reacciones de los diversos sectores políticos que, dada la naturaleza del proceso de nombramientos instituido en la Constitución de Puerto Rico, tendrán que ejercer su deber constitucional de ofrecer consejo y consentimiento para confirmar o rechazar el nombramiento. Ya hay quienes han elogiado el nombramiento, quienes lo han rechazado de plano sin siquiera evaluar los méritos del candidato y quienes prefieren que se congele la vacante para eventualmente reducir el número de jueces que componen el Tribunal Supremo.

La actual composición del Senado es políticamente diversa sin que ninguna colectividad política por sí sola cuente con los votos suficientes para confirmar o rechazar el nombramiento. Esta realidad presenta una oportunidad idónea para que como parte del proceso de confirmación de este candidato nuestra clase política deje de mirar al más alto foro judicial de Puerto Rico como un tablero de ajedrez político-partidista. Y es que no lo es. Nuestro Tribunal Supremo no está compuesto por jueces penepés y populares, está compuesto y dividido entre jueces conservadores y liberales. Para ser más específico, hoy día hay cinco jueces cuya filosofía jurídica es conservadora y tres jueces que interpretan el derecho de manera más liberal y progresista. En el último año el Tribunal Supremo consistentemente se ha dividido en votaciones 5-3, por ejemplo, cuando resuelve controversias sobre derechos laborales o sobre los derechos de las personas acusadas frente a los poderes del estado.

En el término judicial del año 2021 el Tribunal Supremo en votaciones 5-3 resolvió casos donde se decidió lo siguiente: (i) el Ministerio Público puede tener una tercera vista preliminar en alzada para intentar encausar criminalmente a una persona cuya acusación fue desestimada por existir ausencia total de prueba, (ii) se negó a aplicar retroactivamente el requisito constitucional de que los veredictos criminales sean unánimes, (iii) luego resolvió que las absoluciones o determinaciones de “no culpable” también tienen que ser por voto unánime, (iv) denegó la divulgación a la prensa y familiares de las grabaciones judiciales en el casos de violencia de género, (v) validó revocarle la probatoria a una persona por utilizar canabis medicinal con recomendación de su facultativo médico, (vi) amplió los poderes del gobierno para confiscar la propiedad de acusados bajo la Ley Uniforme de Confiscaciones, (vii) un empleado consiente tácitamente a una cláusula de arbitraje si no renuncia cuando su patrono le informa que va a incluir la cláusula de arbitraje en su contrato. Como estos hay otros ejemplos de cómo el Tribunal se divide entre filosofías jurídicas conservadoras y liberales.

En todos estos casos, y varios otros, el Tribunal no se dividió entre jueces nombrados por un partido u otro. Se dividió en votaciones 5-3 entre jueces conservadores y jueces liberales. Es importante señalar que ambos grupos de jueces sustentan sus posiciones en fundamentos jurídicos válidos y bien pensados. El argumento que aquí hago no pretende cuestionar los méritos de la teoría adjudicativa de cada juez, sino señalar que hay un elemento común en cómo en dicho foro se resuelven controversias que afecta directamente la implementación de las políticas públicas gubernamentales. Quienes pretendan impulsar una política pública progresista para Puerto Rico harían bien en tomar en consideración estos elementos al evaluar el nombramiento al Tribunal Supremo.

Así, la pregunta no debe ser si el nominado Juez Rodríguez Casillas simpatiza con uno u otro partido político. Lo verdaderamente trascendental en la coyuntura que vivimos es si la filosofía jurídica del nominado es liberal o conservadora. Para ello debe ser evaluado el récord judicial del nominado.

En el cuatrienio que comienza en el 2024 surgirán dos vacantes adicionales en el Tribunal Supremo. Dos jueces del bloque conservador cumplirán sus 70 años y se retirarán. Si estas tres vacantes se llenan con jueces que interpreten el derecho desde una óptica progresista en tan solo unos años nuestro Tribunal Supremo dará un giro ideológico y se convertirá en un tribunal liberal.

José J. Lamas Rivera
Abogado civilista litigante. Presidente de la Delegación de Río Piedras del Colegio de Abogados y Abogadas y ex-presidente de la Comisión de Derecho Civil en dicha institución.

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